Paradójicamente, cuando el país empieza a crecer como nunca, las autoridades dicen que si seguimos creciendo y gastando más de la cuenta, más allá de lo sostenible, el exceso de demanda será inflacionario, se trasladará a los precios y traerá problemas. Un país que necesita ser optimista choca con el pesimismo de la burocracia. El milagro económico peruano resultaría entonces un cuasi espejismo.
Quizá el meollo del problema radica en la escasa capacidad de la administración pública para bajar el costo de transar en el país y lograr que la creación de riqueza sea compartida en cada vez mayor medida por la población en su conjunto. Una carretera en buen estado permite llevar los productos al mercado más rápido, con menores costos y mermas. Esto disminuye la inflación de alimentos. Un suministro de energía confiable, a precios razonables, permite expandir las inversiones. Puertos y aeropuertos modernos facilitan el comercio exterior y el turismo. La infraestructura permite sostener un mayor ritmo de crecimiento.
Si se invirtiera anualmente en infraestructura productiva y de servicios básicos 4.5% del producto bruto, en vez del 2% que se ha venido invirtiendo, el Perú podría crecer sostenidamente sin recalentar la economía y sin inflar precios a tasas anuales del orden del 10% o más. Esto es lo que necesitamos sostener de aquí en adelante para llegar a eliminar la pobreza extrema e incluir a los peruanos pobres al bienestar de la modernidad.
En todo caso, para desacelerar el exceso de demanda la burocracia debiera atreverse a reducir drásticamente el gasto corriente e impulsar programas de asistencia productiva que enseñen destrezas a la población necesitada, en vez de eternizar la pobreza con programas asistencialistas ineficientes. Aparentemente, materializar esto resulta mucho más difícil que dejar de hacer obras en el interior y que frenar las concesiones de servicios públicos y las asociaciones público-privadas.
No hay que gobernar para los ricos o para los pobres, hay que gobernar para el mercado, generando oportunidades de empleo sostenible para los informales y acceso al mercado de capitales para las pequeñas y medianas empresas emergentes. Hay que darle oportunidades a la gente para salir adelante por su propio esfuerzo. El costo de la ley de pequeñas empresas necesita extenderse a todo nuevo puesto de trabajo creado en el país, sin limitaciones por tamaño de empresa o actividad.
En suma, la economía internacional se está frenando, el gas y la energía resultan un cuello de botella natural ¿y el gobierno quiere frenar más todavía? Nos podemos ir al tacho.
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